Crónica de un desastre anunciado

Cuando se producen catástrofes, el debate público suele llenarse de palabras solemnes: responsabilidades, competencias, protocolos... Sin embargo, pocas veces se explica con claridad quién puede actuar y quién no, y mucho menos quién decidió no hacerlo. En un país donde la burocracia se ha convertido en una estructura paralizante, esa falta de claridad no es inocente.

En julio del pasado año, una tromba de agua y granizo inundó el polideportivo, las piscinas y varias calles de Jiménez de Jamuz. Los daños fueron cuantiosos y los asumió íntegramente el Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz, un municipio pequeño, con poco más de mil habitantes y recursos muy limitados. No hubo respuestas rápidas ni ayudas inmediatas: hubo facturas.

Tras aquel episodio, el cauce del Jamuz quedó totalmente taponado por árboles y vegetación. El Ayuntamiento lo detectó, lo comunicó y alertó del riesgo, solicitando autorización para limpiar el río a Confederación, que es quien tiene la competencia. Porque sí, en este poner puertas al campo (literalmente) en el que se ha convertido la burocracia para los pueblos, si un Ayuntamiento decide actuar por su cuenta sobre el cauce de un río, lo único que consigue es una cuantiosa multa, aunque el fin de la limpieza sea salvar a los vecinos. 

Las solicitudes se sucedieron durante meses sin obtener respuesta. Ni autorización, ni intervención directa, ni alternativas. Con el paso del tiempo y la llegada de las lluvias, desde el Ayuntamiento se advirtió de forma reiterada de que una nueva crecida del Jamuz volvería a inundar Jiménez. Aun así, no se actuó.

En noviembre, ante la desesperación por el silencio administrativo, la alcaldesa pidió la mediación del subdelegado del Gobierno para intentar desbloquear la situación. Tampoco entonces llegó el permiso. El cauce siguió taponado y el riesgo intacto.

Cuando este lunes el Jamuz volvió a desbordarse, no sorprendió a nadie. No fue un fenómeno imprevisible ni una fatalidad inevitable. Fue la consecuencia directa de no haber permitido actuar cuando aún había margen para evitarlo.

Cuando este lunes el Jamuz volvió a desbordarse, no sorprendió a nadie. No fue un fenómeno imprevisible ni una fatalidad inevitable. Fue la consecuencia directa de no haber permitido actuar cuando aún había margen para evitarlo.

Ahora toca, una vez más, evaluar daños. Y vuelve la pregunta incómoda: ¿Quién los asumirá? ¿Un ayuntamiento con mil contribuyentes o un organismo estatal con presupuesto millonario y competencias exclusivas sobre los ríos que no ha cumplido con sus obligaciones? La respuesta lógica parece evidente. La real, lamentablemente, no tanto.

Porque Jiménez de Jamuz no es un caso aislado. Municipios como Alija del Infantado o Quintana del Marco llevan meses —en algunos casos más de un año— esperando autorizaciones similares. En unos casos no hay respuesta; en otros se deniega el permiso; y en otros se produce un intercambio de responsabilidades entre administraciones hasta que el agua decide por todos, arrasando cualquier papeleo de despacho.

Llegados a este punto, cabe preguntarse si el actual modelo de gestión de los ríos prioriza realmente la prevención o si necesita que haya que lamentar víctimas humanas para reaccionar, como estamos viendo en otro tipo de infraestructuras; si es razonable que limpiar un cauce sea más complicado que reparar los destrozos de una inundación, o si seguimos aceptando que los pueblos paguen las consecuencias de decisiones tomadas muy lejos de sus riberas.

Cuando el agua baje y la atención mediática desaparezca, quedará lo de siempre: ayuntamientos pequeños, daños cuantiosos y una Confederación que seguirá teniendo la última palabra.

Y una memoria colectiva demasiado corta para exigir responsabilidades. Como en los incendios. Como en la Dana de Valencia. Como en el Volcán de La Palma. Como en el Prestige... Y, en breve, probablemente como en Adamuz.