Arrancan las obras de la planta solar del Páramo Bajo en medio de la polémica con los expropiados

Las obras de la futura planta fotovoltaica que suministrará energía al riego del Páramo Bajo comenzaron ya en Villamañán, a pesar de la falta de acuerdo con la mayoría de los propietarios de los terrenos expropiados.

Hace algo más de diez días las máquinas entraron en la zona para explanar los terrenos, que suman 24 hectáreas, con el objetivo de acondicionar el suelo previamente a la instalación de las placas. El siguiente paso será ya la conexión con los sistemas de riego y con la propia red eléctrica. El objetivo es que el nuevo sistema esté operativo para la próxima campaña, que arranca oficialmente el 1 de abril de 2026. 

El proyecto, con un coste de 16,3 millones de euros, está financiado a partes iguales por el Itacyl y la Comunidad de Regantes, que representa a más de seis mil agricultores de un total de veinte municipios de León y de Zamora, en una extensión de 24.000 Ha de las que la gran mayoría (70%) se destinan a maíz, un 15% a alubias, un 10% a remolacha, y el 5% restante se reparte entre cereal, patatas y girasol.

Los paneles fotovoltaicos estarán enganchados a la red eléctrica pero sólo para que suplir la falta de energía en los picos de más demanda, como en verano, ya que los regantes no podrán verter el excedente a la red en las temporadas de menor demanda, por ser ésta una exigencia de la Unión Europea para conceder la subvención que ayuda a costear los trabajos. "Nos va a dar independencia energética al menos en un 50%, con lo que el gasto de electricidad en riego va a ser mucho menor que el actual", explica el presidente de los regantes, Javier Alonso, quien no obstante añade que considera "un error" que se vaya a perder energía por ser sólo autoconsumo.

Sólo 19 propietarios aceptaron el justiprecio

El principal escollo que se encontró este proyecto fue el rechazo de gran parte de los propietarios de los terrenos a expropiar, que el pasado junio ya anunciaron que agotarían la vía administrativa e incluso judicial, como así están haciendo.

Antes del inicio de las obras, de las 69 fincas afectadas sólo los propietarios de 19 firmaron el justiprecio. Del resto, varios siguen adelante dispuestos a llegar hasta la última instancia para defender su postura.

El principal motivo del rechazo, como explicamos en su día, es la "falta de transparencia" en el proceso que alegan los propietarios, quienes aseguran que en ningún momento se les facilitó el expediente completo y que, además, la Comunidad de Regantes les niega las actas donde se abordó este tema. Insisten en que las expropiaciones no son "legales", dado que no existe ningún documento que justifique por qué la planta se ubica en estos terrenos y no dentro de la demarcación de esta entidad agraria, documento que aseguran que es indispensable para abordar la expropiación. 
"El expediente se ha aprobado sin un documento esencial", subraya uno de los afectados, César Párez, razón por la que ya han iniciado acciones legales en los Juzgados de León, tanto por la vía de lo contencioso administrativo como por lo penal. Pérez, además, ha presentado un escrito ante la Autoridad Independiende en Materia de Corrupción de Castilla y León (AICCYL), así como una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, contra la Comunidad de Regantes, para que les dé acceso a las citadas actas, en cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

César Pérez se mostró visiblemente enfadado con el "supuesto asesor de la Junta" que, el pasado junio, les "prometió" acceso al expediente y les animó a presentar alegaciones "a las que no contestan ni nada; allí muchas buenas palabras pero, a la hora de la verdad, se han callado", denuncia.

Este portavoz de los afectados insiste en que todo el proceso se hizo actuando "de mala fe", sin comunicarse con ellos, tan sólo por el BOE, "para decirnos luego que han pasado los 20 días y ya no podemos hacer nada". "Lo único que queremos es transparencia y legalidad", subraya.

Dispuestos a ir a por todas hasta el final, César Pérez no descarta recuperar sus terrenos, y exigir que los reviertan "al estado original", y lo que no se pueda, como los árboles ya arrancados, "pagarlo". "Si yo en vez de dinero quiero mi parcela, y el juez me da la razón, tienen que devolverme mi parcela", afirma.

Conforme a la ley

Son tan dispares y distantes las posturas de cada parte que parece que se refieren a situaciones diferentes, no a la misma. Y es que, mientras tanto, desde la Comunidad de Regantes, Alonso insiste en que "todo se ha hecho de forma legal y conforme a la ley" y que es un proceso en el que "la Junta de Castilla y León ha hecho la tramitación y todo, no nosotros". 

Javier Alonso reitera, de esta forma, que "si bien el coste del terreno lo pagamos nosotros, la ubicación es técnica".  Asegura que, en cualquier caso, por supuesto que afrontarán "las decisiones judiciales", aunque está convencido de que no hay vuelta atrás, debido a la declaración de utilidad pública de las obras.

"Entendemos a los propietarios y sentimos el daño moral, porque no era la intención de esta Comunidad de Regantes perjudicar a nadie", concluye.