Los afectados por las expropiaciones del Páramo Bajo agotarán la vía administrativa para frenar las obras

El enfrentamiento entre los propietarios afectados por las expropiaciones de los terrenos donde está previsto ubicar la planta fotovoltaica del Páramo Bajo, y la Comunidad de Regantes, beneficiaria de estas obras, no parece estar cercano a una solución.

Los dueños de las fincas fueron citados este jueves, por segunda vez, en el Ayuntamiento de Villamañán para el levantamiento de actas previas, y a primera hora se vivieron momentos de mucha tensión, que un asesor jurídico trató de calmar, animando a los afectados a continuar reclamando sus derechos por todos los cauces legales, y comprometiéndose a facilitarles el expediente completo.

Finalmente, los convocados firmaron las actas previas, pero catorce de ellos acompañaron su rúbrica de un documento donde dejan claro que la vía administrativa no está agotada, que continuan rechazando la ocupación de los terrenos y que incluso no descartan iniciar "las acciones legales oportunas, incluyendo la interposición de recurso contencioso administrativo y la solicitud de medidas cautelares".

La justificación de la ubicación, en el punto de mira

La clave para entender este conflicto está en un documento que, según los propietarios, no existe o no está lo suficientemente desarrollado: una justificación de por qué la planta solar se quiere ubicar fuera del suelo de los beneficiarios de la misma, que son los regantes del Páramo Bajo, que cuentan con 24.000 hectáreas de terreno. 

"La comunidad de regantes sigue sin justificar el por qué de la ubicación, fuera de su demarcación. La de que sea antes de la derivación no explica por qué debe estar fuera, ya que en la línea no hay derivación durante 2 kilómetros donde se recorren los terrenos de la Comunidad", subraya uno de los propietarios, César Pérez.

Esto les llevó en su día a presentar unas alegaciones que fueron rechazadas por estar fuera de plazo, algo que, sin embargo, los afectados consideran que no es así, ya que, si bien desde la Junta y desde la Comunidad de Regantes se asegura que se cumplió escrupulosamente la ley respecto a la exposición pública del proyecto, los propietarios afirman que alegaron cuando se les presentó la primera notificación, algo que se produjo mucho después, cuando ya se había declarado la utilidad pública y la expropiación forzosa. "Alguien está actuando de mala fe; no sabemos si la Junta, si los regantes o quién, pero se nos ocultó todo", manifiestan.

Por todo ello, contra esta respuesta de estar "fuera de plazo" varios de los propietarios presentaron recursos de alzada, que –insisten– "aún no han sido resueltos por la administración competente".

La postura de los regantes

Desde la Comunidad de Regantes, su presidente, Javier Alonso, que ayer fue el encargado de firmar las actas previas junto a los propietarios, manifestó que entiende que los propietarios se opongan –"están en su derecho", señaló–, pero lamentó "que crean que buscamos perjudicarles, porque no es así". 

Alonso asegura que la ubicación "no se eligió con ánimo de ofender a nadie", y explicó que, cuando se inició todo el proceso para construir esta planta solar, cuyo objetivo es suministrar energía al riego de todo el Páramo Bajo, no se podía levantar en zona de regadío, aunque reconoció que, ante la insistencia de alguno de los afectados, fue a comprobarlo después y "es verdad que luego la ley cambió y a día de hoy sí se podría", declaró a este periódico.

La Comunidad de Regantes mantiene la postura de que las alegaciones deberían haberse hecho antes, durante el plazo de exposición pública, "y es una lástima porque nos hubiéramos sentado y seguro que llegábamos a algún acuerdo", algo que ahora no ven posible, toda vez que las obras están ya licitadas y con la declaración de utilidad pública. "La Junta nos dijo que ya era inviable ningún cambio, que ya está licitado", declaran.

Alonso añadió que entiende que "estén enfadados por el sistema de exposición pública, pero no con la comunidad, que no actuamos de mala fe", insiste.

Por su parte, el alcalde de Villamañán, que se personó en el lugar, no quiso firmar las actas previas, para mostrar su rechazo a estas obras. Algunos de los vecinos afectados le acusaron de no haberles comunicado el proyecto en el momento que estaba en exposición, algo de lo que se defendió afirmando que estuvo expuesto tal y como manda la normativa.

La parte positiva del encuentro de este jueves fue, eso sí, que ambas partes percibieron mutuamente, al menos, un cambio de talante, salvo esos citados momentos iniciales. Los afectados valoraron muy positivamente el papel de los técnicos de la Junta, resolviendo todas sus dudas "y se comprometieron verbalmente a contestar todas las alegaciones de los afectados, evitando el silencio administrativo", subraya César Pérez.

Gracias a esto, los afectados aceptaron seguir los trámites administrativos "de manera pacífica, agotando la vía amistosa", pero sin denunciar a su derecho a acudir al contencioso administrativo.