Expropiaciones

Las obras de la planta fotovoltaica en Villamañán ya han comenzado pese al rechazo de la mayoría de propietarios de los terrenos expropiados. El proyecto, de 16,3 millones financiado por Itacyl y la Comunidad de Regantes, busca abastecer de energía al riego del Páramo Bajo en 2026, beneficiando a más de 6.000 agricultores. Solo 19 de 69 fincas aceptaron el justiprecio; el resto ha iniciado acciones judiciales por “falta de transparencia”. Mientras los afectados denuncian irregularidades, la Comunidad de Regantes defiende la legalidad del proceso y la necesidad técnica de la ubicación.

El segundo intento de levantamiento de actas previas a la expropiación de terrenos en los que se construirá la planta fotovoltaica del Páramo Bajo arrancó este jueves en Villamañán con  momentos de tensión entre los propietarios afectados y la Comunidad de Regantes. Aunque las actas fueron finalmente firmadas, varios de los convocados dejaron constancia por escrito de su oposición y anunciaron que seguirán defendiendo sus derechos hasta agota la vía administrativa e incluso judicial. El principal escollo sigue siendo lo que los afectados consideran una falta de una justificación clara de por qué la instalación se proyecta fuera de los terrenos de los propios regantes. Desde la Comunidad insisten en que no ha habido mala fe y que el proceso se ajusta a la legalidad.