Regantes

Los regantes del Páramo Bajo han estallado. Tras dos asambleas multitudinarias y un clima de indignación creciente, han anunciado movilizaciones para exigir la dimisión inmediata de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente, a quien acusan de dinamitar un acuerdo histórico de 30 años y de imponerles ahora unos costes que dispararían el precio del riego un 173%. El sector, que agrupa a cientos de explotaciones modernizadas y con una inusual presencia de jóvenes, advierte de que esta decisión pone en juego no solo el futuro de la agricultura, sino de los propios pueblos.

La modernización de las infraestructuras de riego de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) del Órbigo-Eria está más cerca de ser una realidad, tras los avances logrados en la reunión entre el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), Rafael Sáez, y los representantes de esta comunidad, que agrupa a regantes de siete municipios de Zamora –Coomonte, Fresno de la Polvorosa, Maire de Castroponce, Morales del Rey, Santa María de la Vega, Villabrázaro y Villaferrueña– más el leonés Alija del Infantado. El encuentro ha servido para definir los pasos que permitirán modernizar un regadío que da servicio a 1.333 hectáreas repartidas en casi 2.000 parcelas.

El nuevo año hidrológico arrancó ayer tras el cierre de la campaña de riego, que ponía fin este martes a la temporada de 2025 con un balance positivo en la comarca. La normalidad ha sido la nota dominante y las reservas hídricas se sitúan por encima de la media de las últimas décadas. Según la Confederación Hidrográfica del Duero, los embalses rondan el 45% de su capacidad, con margen para atender cultivos de octubre como remolacha o colza.

El ITACyL ha sacado a licitación la construcción de una planta fotovoltaica en Villamañán, que abastecerá de energía a los sistemas de riego del Páramo Bajo, beneficiando a 6.700 agricultores de 20 municipios de León y Zamora. La inversión asciende a 16,3 millones de euros, financiados a partes iguales entre la Junta y los regantes, quienes prevén amortizarla en 10-15 años. Además del ahorro económico, el proyecto reducirá en 6.100 toneladas las emisiones de CO₂. La comunidad de regantes, sin embargo, mantiene su preocupación por posibles cambios en las tarifas eléctricas aplicadas por la Confederación Hidrográfica del Duero. El plazo para presentar ofertas finaliza el 3 de marzo y la ejecución se prevé en once meses.