El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) sacó este viernes a licitación las obras de la planta fotovoltaica que se instalará en Villamañán para suministrar energía eléctrica a los sistemas de riego de todo el Páramo Bajo, en diversos municipios de León y algunos de Zamora.
Las cifras de la obra dan una idea de las dimensiones del proyecto: la planta ocupará una superficie de 24 hectáreas (que equivalen a unos 40 campos de fútbol), para suministrar energía al riego de 6.700 agricultores, que explotan un total de 24.000 hectáreas en veinte términos municipales de dos provincias, con un consumo energético global de aproximadamente 20 millones de kWh al año.
Con estos números, no es de extrañar el elevado coste de la planta, licitada por 16,3 millones de euros, de los que la Junta de Castilla y León aportará la mitad, y la otra mitad la asumirán los propios agricultores beneficiarios del proyecto.
Supone un importante desembolso, pero, a la larga, conllevará un considerable ahorro a unos agricultores que están gastando de media al año más de 2,2 millones de euros en energía. Según explica el presidente de la Comunidad de Regantes, Javier Alonso, calculan que en diez o quince años está amortizado todo el gasto. Aún así, "el proyecto nos generó dudas porque la comunidad está endeudada por las obras de modernización, pero al final acordamos que sí porque creemos que lo vamos a amortizar y que, además, es una inversión a futuro", subraya. De hecho, calcula que la planta permitirá ahorrar unos trescientos mil euros al año.
La licitación de la obra ocupó prácticamente toda la reunión que mantuvieron este viernes los regantes con la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, quien manifestó que, con esta planta –que permitirá también ahorrar la emisión de 6.100 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera– "se culmina el proceso de reestructuración integral de las explotaciones que confirman una de las zonas de regadío más extensas de la Comunidad".
Los municipios por los que se extiende el Páramo Bajo son, en la provincia de León, Bercianos del Páramo, Cebrones del Río, La Antigua, Laguna Dalga, Laguna de Negrillos, Pobladura de Pelayo García, Pozuelo del Páramo, Regueras de Arriba, Roperuelos del Páramo, San Adrián del Valle, San Millán de los Caballeros, Toral de los Guzmanes, Valdefuentes del Páramo, Villademor de la Vega, Villamañan y Zotes del Páramo; y en la de Zamora, La Torre del Valle, Maire de Castroponce, Pobladura del Valle y Villabrázaro.
La planta tendrá capacidad de producir más de 17,7 millones de kWh al año y, según explica Alonso, será compatible, cuando las demandas de energía así lo requieran, o cuando la meteorología lo haga necesario, con el suministro normal de electricidad.
Una de las cuestiones que más les hizo dudar a los regantes sobre la viabilidad de esta planta es que tienen "la espada de Damocles de la Confederación sobre nuestras cabezas", en palabras de Javier Alonso, refiriéndose a la actitud que está adoptando la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) con la actual presidenta, "que no da validez a una resolución de anteriores presidentes".
Para entender el problema en cuestión hay que retroceder hasta los años 90, cuando el Páramo Bajo aceptó el riego mediante la elevación de agua a Villalobar, en lugar de extraerla del pantano de las Omañas, a cambio de que el coste de mantenimiento y electricidad de esta estación de bombeo no se repercutiera a los agricultores. Este acuerdo con el entonces presidente, José María de la Guía, "se respetó durante 28 años hasta que llegó la nueva presidenta, que no acepta el escrito y nos quiere aplicar las tarifas". Por esta razón, la Comunidad de Regantes exige "que se cumplan los compromisos adquiridos", preocupación que comunicaron a la consejera, quien se comprometió a transmitirlo a la presidenta de la Confederación, María Jesús Lafuente.
A la espera de que este conflicto llegue a buen puerto –nunca mejor dicho–, el plazo para presentar ofertas a las obras de la planta fotovoltaica empieza a correr, y se prolongará hasta el 3 de marzo. En cuanto al tiempo de ejecución de las obras, según figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público, será de once meses, si bien en el pliego inicial era de ocho.
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