“Un engaño a la sociedad”: el CSIF estalla contra el decreto de los incendios aprobado por la Junta

La aprobación del decreto ley de mejora del operativo de incendios forestales por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se ha hecho sin el consenso de ninguno de los sindicatos presentes en la mesa del Consejo de Función Pública, según ha informado a este periódico el presidente del sector de Administración General autonómica del CSIF en Castilla y León, Agustín Argulo.

"Esto es un atropello. No ha habido negociación con nadie, sino sólo una apariencia de negociación, para decir que se sentaron con nosotros", subraya el representante sindical, visiblemente enfadado tanto por el texto aprobado "unilateralmente" como por el "engaño a la sociedad, porque la gente lo lee y se lo cree porque nadie les explica que esto no es así".

Argulo recuerda lo sucedido en 2022. "No hay ninguna mejora. Están repitiendo lo mismo que pusieron en el acuerdo firmado después de los incendios de la Sierra de la Culebra. Y el resultado ya lo hemos visto", explica. 

El enfado es tal que el sindicato de funcionarios está barajando ir a la huelga. De momento, están programando con urgencia reuniones con los grupos parlamentarios para tratar de frenar el decreto ley en las Cortes, y han solicitado concentraciones para los días 5 y 12, en las que esperan contar con el apoyo de los demás sindicatos: Comisiones Obreras, UGT y Tiscyl. El próximo paso será ir a la huelga, "porque es el último cartucho que nos queda", subraya Argulo.

Desglosando el contenido, según el máximo responsable autonómico del CSIF, las "supuestas mejoras" sólo afectan al personal funcionario del operativo, "y no a todo, sino a unos trescientos y pico que tienen titulación, y a algunos técnicos que hacen guardias de incendios, funcionarios, que no llegan a cien. O sea, que todo este bombo y platillo para unos cuatrocientos".

No sólo eso, sino que además aseguran que afirmar que los empleados de empresas privadas del operativo van a pasar a tener "naturaleza pública" es "otro engaño". "Lo que significa es que serán contratados suponemos que por Tragsa, porque teníamos dudas de si sería el Somacyl pero todo indica que será Tragsa, y claro, aunque sea una empresa pública, no deja de ser empresa, no es ninguna ONG. Además, no paga a todos por igual. Ya hay varias brigadas de Tragsa y las condiciones son un poquito mejor, pero poco más", manifestó.

"Hemos ido para atrás"

Todo esto –añade Argulo– no se corresponde en absoluto con lo que piden los representantes sindicales, que demandan que "todo el personal de las cuadrillas sea de la Junta, y que lo sea todo el año". De hecho, el responsable del CSIF subraya que no están pidiendo nada extraño, pues "en los años 80 era así, así que podemos decir que hemos ido para atrás".

Tampoco se cree, en este sentido, que se vaya a mantener todo el año al personal fijo discontinuo, "porque eso ya estaba en los acuerdos de 2022 y a la vista está que no se ha cumplido".

Las labores a desarrollar durante todo el año son "importantísimas" para el representante sindical, para trabajos de desbroce, limpieza, apertura de fajas preventivas, y ese tipo de labores. En este sentido, explica que el otro decreto ley en el que se habla de los "anillos de seguridad" no contempla ningún tipo de planificación. "Se ha hablado mucho de los planes de defensa de los pueblos, pero los pueblos pequeños no tienen capacidad de elaborarlos. Muchos apenas tienen un secretario compartido y no tienen dinero para pagar a nadie externo. Diputación y Junta tienen que auxiliarlos y ayudar a ejecutarlos", añade.

Sin cambios importantes

Otro de los problemas que se están encontrando los trabajadores del operativo de incendios es que no logran hacer llegar su mensaje a la sociedad. "Es que desde la Junta están jugando a eso, a engañar y a hacer creer a la gente que están haciendo algo bueno, que van a darle la vuelta a todo, y la realidad es otra y hay que explicarla. La realidad es que el decreto ley sirve para que 300 y pico agentes medioambientales pasen de grupo C1 a B, cobrando un poquito más, y que algunos técnicos, que ni siquiera sabemos cuantos, cobren 190 euros más al mes. Eso es todo. No hay ningún cambio de sistema ni mucho menos", resume.

Agustín Argulo recuerda que incluso desde la Junta, en plenos incendios, se defendía la gestión que el resto de partidos políticos y los propios testigos negaban, "porque pueden decir lo que quieran pero la realidad es lo que los pueblos vivieron este verano, y llevábamos tiempo advirtiendo de que tarde o temprano los pueblos se iban a quemar. Y eso es lo que ha pasado. Porque lo que dice la gente de las zonas quemadas, que no había nadie para apagar los fuegos, es la realidad: no podías llamar a nadie porque no había nadie".

Por ahora, los siguientes pasos serán continuar con las reuniones –hasta la fecha, han tenido contactos con PSOE y VOX– y concentrarse ante las Cortes. El problema es que, al tratarse de un decreto ley, no se tramita como una proposición de ley, es decir, no admite enmiendas, y basta con la "convalidación" de una mayoría simple para sacarlo adelante. Por eso, Agustín Argulo reitera que, de seguir así las cosas, "tendremos que hacer huelga hasta fin de año".