La Junta aprueba el decreto que convertirá el operativo de incendios en un servicio público permanente

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dio luz verde este jueves al decreto ley que busca transformar el dispositivo de incendios forestales de la comunidad en un servicio público estable, profesionalizado y activo durante todo el año. 

La norma, impulsada por la Consejería de la Presidencia, marca la puesta en marcha de una reforma anunciada en la presentación de los Presupuestos de 2026, y que pretende acabar con un sistema que hasta ahora se concentraba en los meses de mayor riesgo y dependía, en buena medida, de contratos temporales.

El cambio no es solo organizativo. La norma supone un salto en la consideración profesional del personal que integra el operativo —unos 2.200 trabajadores—, al reconocer oficialmente la figura del bombero forestal, crear el Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B y facilitar el paso a funcionarios del ahora personal laboral. 

La Junta plantea que este nuevo modelo esté plenamente implantado antes de 2028, de tal modo que desde 2026 todo el dispositivo privado vaya pasando al sector público, tomando como meta esa fecha para que todo el operativo sea íntegramente público, con la única excepción de los servicios de alta especialización, como los medios aéreos o la maquinaria pesada. Para el próximo ejercicio ya se prevé el gasto necesario en los presupuestos autonómicos. 

Uno de los cambios más relevantes será la transformación de los contratos fijos discontinuos en empleos estables a jornada completa, lo que permitirá mantener la actividad todo el año. Los trabajadores no solo participarán en tareas de extinción, sino también en labores de prevención, vigilancia, restauración del entorno o apoyo en emergencias de protección civil. 

El nuevo marco normativo contempla, además, mejoras retributivas y de reconocimiento profesional, así como la posibilidad de aplicar coeficientes reductores que faciliten la jubilación anticipada en puestos de riesgo. 

En paralelo, la Junta pondrá en marcha un plan de formación continua para adaptar las competencias del personal a este nuevo modelo, coordinado por la Escuela de Administración Pública en colaboración con el Centro para la Defensa contra el Fuego de León. 

El cambio se produce tras las críticas recibidas por la gestión de los incendios forestales que este verano que quemaron más de 141.000 hectáreas en la comunidad, algo que muchos agentes sociales y políticos achacaron a las deficitarias condiciones del personal, así como a la falta de coordinación y el poco énfasis en la prevención a lo largo del resto del año. 

Con este decreto, el Gobierno autonómico aspira a cerrar una etapa marcada por la temporalidad y la dispersión de medios, y a consolidar un dispositivo público “permanente, profesional y eficaz” capaz de actuar tanto en la prevención como en la respuesta ante incendios y otras emergencias en el medio natural.

Protección de las personas y más prevención

Por otra parte, el Consejo de Gobierno dio también luz verde al Decreto Ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales y para la protección de las personas en los entornos urbanos, impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Esta norma busca reforzar la seguridad de la población y facilitar la actuación preventiva tanto en el medio natural como en las zonas habitadas, adaptando la legislación a la nueva realidad del territorio tras los grandes incendios registrados en los últimos años.

El decreto comienza con la declaración de interés general de todas las actuaciones destinadas a prevenir incendios, lo que habilita a las administraciones a intervenir incluso en terrenos privados cuando esté en juego la seguridad de las personas. Además, añade una nueva perspectiva preventiva a los deberes de los propietarios de terrenos y edificios, urbanos o rústicos, y regula los procedimientos para la acción pública en estos casos, incluyendo un procedimiento de emergencia.

Una de las principales novedades es la integración de la prevención en la normativa urbanística, tanto en la Ley como en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Los ayuntamientos podrán aprobar ordenanzas municipales específicas sobre prevención de incendios y seguridad, y se refuerzan los planes locales de Protección Civil por riesgo de incendios forestales.

El decreto también introduce los llamados “anillos de seguridad”, franjas de terreno que rodearán los núcleos urbanos y actuarán como barreras naturales frente a la propagación del fuego. En ellas se combinarán infraestructuras, control de vegetación y medidas de protección de edificaciones. Las administraciones dispondrán de instrumentos jurídicos para garantizar que estas zonas cumplan su función, incluso en fincas privadas.

Con esta norma, la Junta pretende reforzar la acción preventiva en todo el territorio, mejorar la coordinación institucional y facilitar la gestión activa de los montes, al tiempo que se prioriza la seguridad de las personas frente a los incendios forestales.