Más del 80% de las fincas de Navianos y La Nora se suman a la reclamación de derechos de agua

Los propietarios de más del 80% de los terrenos de Navianos de la Vega y La Nora del Río ya han entregado la documentación para sumarse al procedimiento judicial propuesto por el Ayuntamiento de Alija del Infantado más las juntas vecinales para reclamar los derechos de agua para unas fincas que, históricamente, son de riego.

No obstante, algunos de los dueños de los terrenos siguen oponiéndose a esta propuesta, tal y como quedó constatado en la multitudinaria reunión celebrada el pasado sábado en Navianos, en la que el ingeniero Teodoro Martínez y el abogado José Luis Merino explicaron los pormenores de este procedimiento, acompañados por el alcalde de Alija, José María Sánchez Córdoba, y los concejales de ambas pedanías, Santiago Esteban y Carlos Pérez.

La reclamación de estos derechos es un paso previo para, una vez reconocidos por el Juzgado, conseguir que Confederación Hidrográfica del Duero conceda un determinado volumen de agua, dando así cobertura legal a una situación irregular en estos momentos, con la explotación de pozos que en su día no se legalizaron. 

Esto se haría con el objetivo de poder proceder a la concentración parcelaria y la modernización del regadío, ambos procesos totalmente interrelacionados. Dado que el cometido de la primera es una "reparcelación", el abogado insistió en que por eso se trata de un "proyecto colectivo" en el que no tiene sentido la legalización individual de cada pozo, ya que se reordenan todas las tierras en nuevas fincas que nada tienen que ver con las ahora existentes.

Estos derechos suponen el "reconocimiento del volumen de agua que se pueda convertir en concesión", razón por la cual lo más importante en este momento es "acreditar el riego", y por eso se necesita de la participación del mayor número de propietarios.

Los expertos son bastante optimistas al respecto ya que –afirman– existe numerosa documentación sobre la existencia de "pozos y galerías que surten estos campos". Además, insistieron en que confían en que Confederación no recurra la resolución judicial ya que "les interesa" que este proceso salga adelante para "regularizar de una vez por todas esta situación".

En estos momentos, se sigue recogiendo documentación de los propietarios que decidan sumarse al proceso, con la documentación tanto de los pozos como de las fincas. Los interesados pueden presentarla a las juntas vecinales o en el Ayuntamiento de Alija hasta el próximo día 30.

A partir de ahí, el siguiente paso –ya algo avanzado con los que han entregado su relación de fincas– corresponde al ingeniero, que tendrá que hacer un informe de la extensión que riega cada pozo y del tipo de cultivo. Con todo este trabajo, el abogado se encargará de iniciar el procedimiento judicial en los juzgados de La Bañeza, y, a partir de ahí, toca esperar la resolución, que todo apunta a que sea favorable dada la numerosa documentación que acredita que las fincas en cuestión son históricamente de riego.

Una cuenca sobreexplotada

El debate por parte de los propietarios que son contrarios a este procedimiento se centra en varias cuestiones. Una de ellas es la razón por la que no se pueden legalizar los pozos individuales como sí se está haciendo en otras zonas de la provincia de León.

Según el ingeniero, las situaciones de las zonas donde se legalizan los pozos en estos momentos no son comparables, ya que las circunstancias son diferentes, y, por ejemplo, en el caso del río Órbigo nos encontramos ante una subcuenca "catalogada como sobreexplotada", lo que limita las opciones. Además, otro de los argumentos esgrimidos es el explicado más arriba de que, si esto se hace de cara a una concentración, no tendría validez "ir pozo a pozo".

Sánchez Córdoba recordó también que en su día ya hubo unos plazos administrativos para legalizar los pozos, plazos que caducaron al aprobarse el Plan Hidrológico Nacional de 2001, sin que los propietarios iniciaran el proceso. 

Otra de las dudas expresadas en la reunión fue la certeza, primero, de que el juez aprobaría este reconocimiento de derechos y, segundo, de que Confederación "transformaría" esos derechos en una concesión de agua. Respecto a lo primero, los especialistas explicaron que todo depende de la documentación que se aporte, y que es algo que "se lleva años haciendo".  "Las condiciones se dan –insistió Merino–: primero, existen pozos y galerías anteriores al 1 de enero de 1986; segundo, que se han venido explotando para el riego... Lo que falta es aportar documentación para poder probarlo".

En cuanto al compromiso de Confederación, uno de los propietarios pedía insistentemente que éste fuese por escrito, a lo que el abogado le respondió que "lo dice la ley", emplazándole directamente al articulado en cuestión.

De los puntos de desacuerdo, también hubo algunas personas contrarias a que esto se hiciese a través de la junta vecinal, algo en lo que Santiago Esteban aclaró que dicho organismo "colabora como uno más" porque tiene tierras. Las mismas propietarias sugirieron que se eligiesen representantes de los afectados, algo que no se hizo finalmente ya que, según comentaba parte del público, sería volver atrás en un proceso ya muy avanzado.

Cuarenta años de retraso

Todo este proceso tiene como objetivo final conseguir realizar la concentración parcelaria de todo el término municipal de Alija del Infantado, un  historia que se remonta a hace cuarenta años, y que, por las más diversas razones, nunca se llevó a término. 

Esta es una de las razones por las que, una vez conseguida el agua, el procedimiento por parte de la Junta de Castilla y León sería "prioritario", como manifestaron en diversas reuniones repsonsables del Itacyl, al ser una de las grandes asignaturas pendientes en la provincia de León e incluso a nivel autonómico.