El Consejo Agrario de Castilla y León reclama una PAC más justa, territorial y adaptada al campo

La Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias que forman parte del Consejo Agrario Autonómico aprobaron este miércoles una declaración conjunta en la que reclaman una serie de medidas clave que consideran imprescindibles para el próximo período de la Política Agraria Común (PAC), correspondiente a los años 2028-2034.

El documento recoge varias de las reivindicaciones históricas del sector, como la necesidad de que todas las acciones orientadas a la protección del medio ambiente no se apliquen en detrimento de la capacidad productiva de los agricultores. En este sentido, se solicita que dichas medidas se impulsen a través de incentivos y no de restricciones.

Otra de las demandas se centra en el establecimiento de “mecanismos legales” que garanticen precios justos para agricultores y ganaderos. Además, el texto subraya la importancia de aplicar el principio de reciprocidad a los productos importados y al uso de técnicas genómicas. Los firmantes también advierten de que no se deben retirar sustancias fitosanitarias si no existen alternativas viables que garanticen una producción eficiente.

Uno de los puntos clave del manifiesto es la urgente necesidad de promover el relevo generacional, algo que, según advierten, es actualmente inviable sin un firme apoyo económico.

Criterios de despoblación y simplificación administrativa

En cuanto a la distribución de las ayudas, el texto introduce una propuesta novedosa: incorporar el criterio de despoblación en el reparto de fondos. Para ello, se plantea establecer medidas que obliguen a los Estados miembros a territorializar más las ayudas, de manera que se atienda de forma específica a las zonas más despobladas.

Esta reivindicación va ligada a la demanda de una mayor participación de las comunidades autónomas en el diseño de la PAC, ya que, según recordó la consejera de Agricultura, María González Corral, “somos, junto a las entidades locales, quienes ejecutamos el 50 % de la inversión pública y el 30 % del gasto”.

Finalmente, el Consejo Agrario reclama la simplificación de los trámites burocráticos y la mejora de las infraestructuras de regulación de los recursos hídricos, como medidas clave para garantizar la viabilidad del sector.

"En definitiva, medidas, intervenciones y actuaciones que consideramos necesarias para garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector agrícola y ganadero de Castilla y León, pero también con la seguridad alimentaria y la dinamización de las zonas rurales", recapituló la consejera.