ASAJA denuncia la decisión unilateral de Azucarera de “romper” con cientos de agricultores

Cientos de remolacheros de nuestra zona, al igual que los del resto de Castilla y León, se enfrentan a un escenario de máxima incertidumbre tras el último movimiento de la industria. ASAJA ha denunciado públicamente la decisión unilateral de AB Azucarera de no renovar los contratos de remolacha para la campaña 2026/2027 con un importante número de cultivadores de la región. Según explica la organización agraria, este “golpe” al sector se produce por primera vez en la historia del cultivo y llega, precisamente, tras el cierre de las fábricas de La Bañeza y Miranda de Ebro.

Uno de los puntos que más indignación ha causado en esta organización profesional es el silencio administrativo. ASAJA afirma que le consta que la compañía ya ha informado a la Junta de Castilla y León de su decisión, pero lamenta que la Consejería de Agricultura no se haya manifestado al respecto ni ante este hecho ni ante la queja formal que la organización cursó semanas atrás. Por ello, el presidente de ASAJA en la comunidad, Donaciano Dujo, ha solicitado formalmente el “amparo” del presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, para proteger a unos productores que se sienten abandonados por la administración regional.

La organización advierte de que esta ruptura forzosa de los contratos deja a los remolacheros en una situación de total indefensión ante la normativa europea. ASAJA denuncia que, al verse obligados a dejar el cultivo, los agricultores incumplirán los compromisos de la PAC —como la diversificación, rotación o los eco-regímenes— y el programa agroambiental que firmaron en 2023 por un periodo de cinco años. Según la organización agraria, esto no solo supone perder una opción de siembra fundamental, sino que abre la puerta a graves penalizaciones económicas por un incumplimiento del que los remolacheros no son responsables.

Asimismo, ASAJA rebate el argumento verbal de Azucarera, que justifica los recortes por supuestos bajos rendimientos que no cubrirían los costes de producción según la Ley de la Cadena Alimentaria. La organización denuncia que la mayoría de los agricultores sí cubren sus costes gracias a las subvenciones de la PAC y señala que, si los rendimientos han caído, la responsabilidad recae en el modelo de “contrato compartido” de la propia empresa, donde el remolachero pasaba a ser un mero ejecutor bajo asesoramiento técnico de la empresa.

Ante esta situación, ASAJA exige igualdad de trato para todos los agricultores, independientemente de la distancia a las fábricas, y reclama inversiones urgentes para que las campañas no superen los 90 días y dejen de lastrar la rentabilidad de las fincas de nuestra zona.