El "regalo" envenenado de Igualdad: los fondos contra la violencia de género se convierten en una trampa para los ayuntamientos

El Ministerio de Igualdad ha convertido los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en una suerte de “trampa” presupuestaria para las entidades locales. Muchos de los ayuntamientos que el año pasado desarrollaron proyectos y actividades financiadas con estos fondos se enfrentan ahora a un castigo administrativo inesperado: el departamento que dirige Ana Redondo ha dictaminado que esos gastos –ya ejecutados y pagados– no son subvencionables. La factura, por tanto, recaerá sobre las arcas locales mediante un sistema de compensación que restará el dinero de la anualidad de 2026.

Este escenario de inseguridad jurídica ha estallado tras un requerimiento de la Secretaría de Estado de Igualdad al que ha tenido acceso este periódico. En él se revela que casi cuatro mil municipios españoles están bajo la lupa. Si bien algunos casos se limitan a errores subsanables como una firma ausente o una fecha errónea, la gran mayoría —más de tres mil ayuntamientos— han sido marcados con el “defecto tipo 23”. Esto supone, de facto, la pérdida de la ayuda.

Un problema que salpica a pueblos y ciudades

La lista no entiende de tamaños. No se libran de esta decisión ni grandes capitales como Valencia o Málaga, ni ciudades intermedias como Burgos o Ponferrada, ni nuestras cabeceras de comarca, La Bañeza y Benavente. El problema es sistémico. Un ejemplo de que esta situación no es “de provincias” se encuentra en Barcelona ciudad, que en la convocatoria de 2024 recibió cero euros al tener que “compensar” un remanente de años anteriores por un fallo idéntico al que ahora sufren estos cuatro mil municipios. 

La incidencia en nuestra zona es masiva y dibuja un mapa de desconcierto. En León son más de cien los ayuntamientos señalados, mientras que en Zamora la cifra supera los 80. Localidades como Quintana del Marco, Roperuelos del Páramo, Santa Elena de Jamuz o Villaferrueña figuran en el listado de los afectados por el polémico “Tipo 23”. Otros municipios, como Cebrones del Río, Alcubilla de Nogales y Morales de Rey, aparecen por fallos formales tan nimios como la falta de la rúbrica del alcalde.

La arbitrariedad del sistema ha generado una indignación lógica entre los regidores locales. “Estas ayudas corresponden al año 2024, se ejecutan en 2025, y nos dicen en 2026 que no nos la pagan, pero ni dicen ni por qué, ni en qué parte hemos incumplido”, lamentan desde uno de los consistorios damnificados. La crítica apunta directamente al diseño de la norma: “Cuando hay tantos ayuntamientos que lo han hecho tan mal, ¿será que todos somos incompetentes o que lo es el que hizo la norma?”.

¿Posible explicación?

El origen del conflicto podría residir en la mutación de estos fondos. Lo que nació en 2018, al amparo del Pacto de Estado de 2017, como una herramienta de cercanía para que los ayuntamientos sensibilizaran a la ciudadanía contra la violencia de género, terminó convirtiéndose, según reconocen fuentes municipales, en un “cajón desastre”. Para evitar que el dinero se perdiera, algunos ayuntamientos llegaron a financiar mobiliario urbano de todo tipo, lo que llevó al Ministerio a prohibir las inversiones en 2021 para centrarse solo en gasto corriente.

Sin embargo, el Ministerio no legisló con claridad, sino que se limitó a publicar una “Guía de Buenas Prácticas” que resulta “bastante ambigua o, cuando menos, abstracta e incluso subjetiva”. El resultado es una lotería administrativa: mientras el merchandising aparece en la web ministerial como un ejemplo positivo y se han aprobado proyectos que permiten, por ejemplo, camisetas con eslóganes, otros ayuntamientos ven cómo se les rechazan libretas con eslóganes preventivos, mientras que a otros no les admiten charlas profesionales de prevención y detección de maltrato, impartidas por trabajadores sociales, bajo el mismo criterio del “Tipo 23”. 

La causa no es, por tanto, si se trata de algo tangible o intangible. Parece, más bien, una cuestión de forma, del capítulo donde se impute el gasto. Pero no está tan claro. 

Los ayuntamientos lamentan la opacidad del requerimiento. El Ministerio alega en el documento que existen actuaciones que “no tienen relación con los fines del Pacto de Estado”, pero no especifica cuáles. “Nosotros repartimos el dinero en varias actividades, y en ese enorme listado de más de cien páginas sólo nos asignan un número, pero no tenemos ni idea de cuál de nuestras actuaciones es la que se excluye”, denuncian desde los municipios afectados.

“No lo entiendo. Todo lo que sea visibilizar es positivo. No deberían poner trabas”, señala otro regidor que supo, a través de nuestra llamada, que estaba en “la lista”.

De 40 millones a una incógnita

Aunque las cantidades puedan parecer modestas en el marco de un presupuesto nacional –oscilando en nuestra zona desde los mil euros mínimos hasta los tres mil que superan algunos pueblos–, el perjuicio reside en el engaño contable. Y más para pequeños ayuntamientos. El Gobierno se apunta el tanto de los 40 millones de euros anunciados, pero recupera una parte sustancial a través de estas exclusiones a posteriori.

“El año pasado se presupuestaron 40 millones para esto; habría que ver cuánto se pagó de verdad, porque si hay más de tres mil ayuntamientos a los que se les descuenta...”, apunta un alcalde, al mismo tiempo que se responde con un “pero para los titulares vende bien lo de los 40 millones, y más con un tema como éste de la violencia de género”. 

Con la ley en la mano, lo cierto es que cualquier gasto corriente debería ser apto, porque la norma sólo excluye explícitamente inversiones y así evitar computar bienes inventariables. Pero la realidad administrativa es que algo que nació como una ayuda se ha convertido en una “trampa” que muchos ayuntamientos se plantean abandonar, mientras otros alcaldes –que ya picaron el cebo en años anteriores– no quieren saber nada.