La Junta solicita al Gobierno que amplíe las zonas catastróficas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acordó este jueves solicitar al Gobierno central que amplíe la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de Protección Civil (zonas catastróficas), para incluir las afectadas por las borrascas entre los días 7 y 12 de febrero.

De esta forma, en la petición de la Junta se incluirían las zonas donde se han desbordado los ríos, lo que ha llevado a activar, en el caso de León, el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl). En otros lugares, se puso en marcha el Plan Territorial de Protección Civil (Plancal).

La solicitud se fundamenta en lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. En concreto, la Junta considera que concurren las circunstancias definidas en el artículo 2 de esta norma, que entiende por catástrofe aquella situación que altera de forma grave la normalidad de una comunidad y provoca daños cuya atención puede superar los medios disponibles.

Según recoge el acuerdo, la sucesión de borrascas en esos días provocó, entre otras condiciones, nevadas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento, con incidencias relevantes en bienes, infraestructuras y servicios esenciales. Además, se han producido daños en viviendas y enseres, explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, pequeñas empresas, así como afecciones medioambientales y en infraestructuras municipales y redes viarias.

Con la solicitud de declaración de zona catastrófica, se busca que el Gobierno adopte los mecanismos previstos en la norma, orientados a la recuperación económica y social de las áreas afectadas y a la compensación de los daños.

Campaña agrícola excepcional

Por otra parte, el Consejo de Gobierno acordó igualmente declarar como excepcional la campaña agrícola 2025-26 debido a los fenómenos meteorológicos del pasado mes de noviembre, al entender que se cumple la circunstancia de “afectar seriamente a la explotación” que sugiere la normativa europea.

Esto supondría implementar diversas acciones para paliar los daños por las lluvias, como determinadas excepciones al cumplimiento de los requisitoss de la PAC.

Las persistentes lluvias de noviembre provocaron en el campo efectos directos sobre los cultivos, como la saturación del suelo, la imposibilidad de entrar con maquinaria en las parcelas, las dificultades para sembrar, abonar y tratar las tierras, el incremento del riesgo de compactación, o la mayor incidencia de asfixia radicular, entre otros.