La Junta y las organizaciones agrarias se unen para defender el campo frente al acuerdo UE-Mercosur

La Junta de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias han cerrado filas para defender de forma conjunta los intereses del campo de la Comunidad frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Así lo acordaron por unanimidad en el último Consejo Agrario, donde ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener una posición común ante un pacto que genera una notable inquietud en el sector agroalimentario.

El consenso alcanzado parte de una idea clara: agricultores y ganaderos deben competir en igualdad de condiciones. En este sentido, Junta y OPAS solo respaldarán el acuerdo si se garantiza una reciprocidad real y efectiva, de manera que los productos importados cumplan los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales que se exigen dentro de la Unión Europea, además de contar con controles y sistemas de trazabilidad suficientes.

El documento acordado, que será remitido tanto al Gobierno de España como a las instituciones europeas, reclama también la activación de salvaguardas ágiles y eficaces ante posibles aumentos descontrolados de importaciones o caídas significativas de precios. Asimismo, se pide reforzar los controles en frontera y las inspecciones en países terceros para asegurar el cumplimiento de las normativas sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias y de bienestar animal.

Competir en igualdad de condiciones

Desde la Junta se subraya que el sector agrario es un pilar fundamental para la economía, el empleo y la cohesión territorial de Castilla y León y que agricultores y ganaderos deben “competir en igualdad de condiciones”. En este contexto, tanto el Ejecutivo autonómico como las organizaciones agrarias lamentan que el acuerdo UE-Mercosur no se haya explicado “ni en profundidad ni con la transparencia debida”, pese a las solicitudes realizadas al Ministerio de Agricultura para conocer con claridad “su alcance, condiciones y consecuencias”.

La preocupación es mayor por el posible impacto negativo en producciones clave de la Comunidad, por lo que se reclama un análisis detallado y desagregado por sectores y territorios, con especial atención a los más vulnerables. Además, la Junta recuerda que esta defensa del principio de reciprocidad ya fue planteada en la declaración institucional firmada en mayo del año pasado sobre la futura PAC 2028-2034, que también apuesta por una política agraria sólida, sin recortes y con un presupuesto reforzado.