La reunión de los regantes con la CHD no logra desbloquear el conflicto con el agua del Páramo Bajo

Denuncian que la presidenta sigue sin acatar el acuerdo vigente 28 años sobre la compensación de costes de la estación de Villalobar
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Javier Alonso, María Jesús Lafuente y Herminio Medina, tras la reunión mantenida en la sede de CHD

La reunión mantenida esta semana entre la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, terminó dejando a los agricultores más frustrados que esperanzados. El presidente de la Comunidad, Javier Alonso, calificó el encuentro de "decepcionante", ya que no se avanzó en de la situación que arrastran desde hace dos años, con un aumento de costes que amenaza la viabilidad económica de más de 5.500 regantes.

La decisión adoptada entonces por la presidenta ha encarecido el agua entre 50 y 70 euros por hectárea, a mayores de las tarifas que ya pagan habitualmente, lo que les coloca en una situación crítica desde el punto de vista económico.

El origen del conflicto viene de los años 90, cuando la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo aceptó regar mediante la elevación de agua a Villalobar en vez de extraerla del pantano de Omañas, a cambio de que el coste de mantenimiento y electricidad de la estación de bombeo no se repercutiera a los agricultores. El acuerdo fue suscrito con el presidente de la CHD por aquella época, José  María de la Guía, que así lo cumplió durante 28 años. Su sucesora, sin embargo, considera que el escrito no es válido "porque dice que no fue refrendado por el Consejo de Minisros", subraya Alonso, de manera que, ya desde hace dos años, comenzó a repercutir los citados costes a los regantes.

"Ya cuando nos llamó Confederación para la reunión no teníamos muchas expectativas, pero lo cierto es que salimos mucho más decepcionados", lamenta Alonso, quien acudió acompañado del presidente de la junta de gobierno, Herminio Medina.

Según explicó a este periódico, María Jesús Lafuente les presentó unas alternativas "que no cubren nuestras expectativas, y que no tenemos nada claras". Alonso recordó, además, que la decisión de repercutir esos costes a los agricultores fue denunciada ante el Tribunal Económico Administrativo (TEA) a principios de este año, "y contábamos con tener una resolución en febrero, pero seguimos esperando", afirma.

Por esta razón, los siguientes pasos serán someter a la asamblea que celebrarán a finales de noviembre la decisión de "si esperamos la resolución del TEA o si nos manifestamos". En paralelo, examinarán las propuestas de la Confederación con los técnicos, aunque ya adelantan que no aceptarán otra solución que no sea la de cumplir el acuerdo firmado en su día.

 

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