Calzada de la Valdería acusa a Castrocalbón de incumplir un acuerdo de más de tres siglos

Un acuerdo que se remonta a 1722 ha enfrentado, más de tres siglos después, a la Junta Vecinal de Calzada de la Valdería con la de Castrocalbón, a la que acusan de incumplir con los pagos de los aprovechamientos conjuntos desde el año 2018. Así lo recoge en el escrito  de denuncia presentado ante el Procurador del Común, al que Calzada ha solicitado formalmente el amparo por la situación “tremendamente injusta que está sufriendo por parte de la Junta Vecinal de Castrocalbón”.

El origen de este conflicto se encuentra en el derecho histórico que Calzada de la Valdería defiende para percibir una cuarta parte de los beneficios de los terrenos que posee en común con Castrocalbón. Todo comenzó con una resolución de 1722, que fue confirmada años más tarde, en 1740, mediante una Real Carta Ejecutoria que todavía se conserva en el archivo de la junta vecinal. Esta misma proporción en el reparto de los aprovechamientos se volvió a pactar en un convenio entre ambos pueblos en agosto de 1900 y fue ratificada por una sentencia del juzgado de La Bañeza en 1935, que obligaba a Castrocalbón a cumplir lo acordado.

Aunque la relación económica funcionó con relativa normalidad hasta 2018, la denuncia señala que desde entonces no se han vuelto a recibir los ingresos correspondientes. Entre las cantidades que se reclaman destaca la venta de madera de una chopera realizada en 2017 a través de Somacyl. Según los datos proporcionados por Calzada en la denuncia, el lote pudo venderse por unos 400.000 euros, de los cuales les correspondería una cuarta parte que aún no han percibido. A esta cifra –afirman– se suman los atrasos por el arrendamiento del coto de caza y de diversas fincas agrícolas acumulados durante los últimos ocho años.

La decisión de pedir ayuda al Procurador del Común llega después de haber agotado la vía del diálogo, tras seis reuinones sin éxito, así como el envío de un burofax que no obtuvo respuesta. La junta vecinal solicita ahora al Procurador del Común que investigue el caso “en defensa de los intereses de los vecinos”, y que se obligue a la entidad vecina a cumplir con sus pagos, llegando a un acuerdo. 

Con este paso, buscan que se respete un acuerdo centenario que consideran fundamental para que el pueblo pueda seguir funcionando con normalidad, advirtiendo de que no cobrar ese dinero puede llevar “a la junta vecinal a su desaparición al no contrar con ningún recurso económico”.