Indignación vecinal en La Antigua tras el visto bueno ambiental de la Junta a la planta de biogás

La declaración de impacto ambiental favorable a la planta de biogás proyectada en La Antigua (León), promovida por la empresa Aratel Energía Renovable, ha desatado la indignación en el municipio, donde vecinos e instituciones locales llevan más de un año movilizándose contra una instalación que consideran perjudicial para el entorno y la población.

Cuando saltó el anuncio hace un año, vecinos y autoridades locales protagonizaron protestas y movilizaciones, reflejo de un rechazo que también quedó patente en la fase de información pública del proyecto, en la que se registraron numerosas alegaciones por parte del Ayuntamiento, las juntas vecinales, colectivos ecologistas, empresas como Embutidos Palazuelo y numerosos particulares. Las críticas se centraban en el impacto por los olores, el aumento del tráfico pesado, los riesgos de contaminación, la afección a la fauna, la presencia de yacimientos arqueológicos, o la disponibilidad de residuos.

Pese a ello, la Junta de Castilla y León ha emitido una declaración ambiental favorable, aunque condicionada, lo que permite al proyecto de Aratel seguir avanzando en su tramitación.

El contenido del informe, de más de una veintena de páginas, detalla una planta con capacidad para tratar hasta 60.000 toneladas anuales de residuos orgánicos y producir más de cuatro millones de metros cúbicos de biometano al año, en una instalación situada a unos dos kilómetros de los núcleos más cercanos . El proyecto incluye infraestructuras como reactores de biogás, sistemas de tratamiento de olores, balsas de almacenamiento de residuos –algunos peligrosos de origen animal– y un gasoducto de conexión.

Medidas correctoras

El análisis ambiental concluye que la mayoría de los impactos son “compatibles”, siempre que se apliquen toda una serie de medidas correctoras. Entre ellas, se contemplan sistemas de desodorización, controles de emisiones a la atmósfera, limitaciones al tránsito de vehículos pesados por zonas habitadas, estudios específicos sobre olores tras la puesta en marcha y vigilancia continua del funcionamiento de la planta .

También se fijan medidas para proteger el suelo y las aguas —como la impermeabilización de instalaciones o la prohibición de vertidos—, así como restricciones temporales en las obras para evitar afecciones a especies protegidas, como el sisón. El informe reconoce además que la planta generará una alteración visual del paisaje y que su presencia será perceptible a larga distancia .

Estas condiciones son, sin embago, insuficientes para el municipio, que ha recibido el documento con escepticismo. Así, el alcalde de La Antigua, Javier Alonso, asegura que “nos sorprende el impacto positivo” y asegura que determinadas alegaciones ni siquiera han sido admitidas, especialmente algunas las relacionadas con la fauna. “Está muy bien que se eviten las obras en época de reproducción del sisón, pero no se tiene en cuenta el cambio en su hábitat. Los pájaros están a 50 metros de donde quieren poner la planta”, advierte, como ejemplo.

El regidor recuerda además las movilizaciones vecinales y reconoce la limitada capacidad de actuación del municipio: “Intentaremos mantener el rechazo, pero estamos muy condicionados”, señala, aludiendo a la falta de planeamiento urbanístico propio, que les obliga a depender de la Diputación en este sentido.

“Un mazazo” para los pueblos

Más contundente se muestra Iñaki Ferrero, presidente de la Junta Vecinal de Ribera de la Polvorosa y uno de los promotores de la plataforma ‘En Grajal, No’, quien califica la resolución como “un mazazo” y denuncia la rapidez del proceso. “Lo han hecho sin tregua, no han dado tiempo ni a formar gobierno, que todavía está en funciones. Me parece indignante. Habría que preguntarse por qué lo hacen deprisa y corriendo”, afirma.

Ferrero sostiene que “hay muchas cosas en el aire” y, aunque admite que la declaración ambiental no supone aún la autorización definitiva, teme que el proyecto avance de forma imparable: “Es un paso más y luego vendrá otro, y otro, y cuando nos demos cuenta, la planta estará ahí”.

La oposición vecinal se mantiene activa y ya se anuncian nuevas movilizaciones. “No nos vamos a quedar callados”, advierte, insistiendo en que el rechazo se basa en la cercanía a los núcleos habitados y en el modelo que representa la instalación. “No entendemos por qué residuos que se ocasionan en otros lados los plantan en núcleos rurales. En los pueblos queremos que nos traigan gente, no una fábrica de contaminación”.

Los vecinos alertan de posibles afecciones por olores, contaminación de acuíferos o el tratamiento de residuos de origen animal, y denuncian además que algunas alegaciones presentadas por administraciones locales todavía no han recibido respuesta.

A este contexto se suma la llamativa ausencia de informes por parte de instituciones relevantes durante la tramitación, como la Diputación de León o el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, lo que contribuye a reforzar la sensación de falta de consenso en torno al proyecto .

La realidad es que, con la declaración de impacto ambiental ya publicada, el proyecto continúa su recorrido administrativo. Sin embargo, en La Antigua crece la percepción de que la planta avanza pese a un rechazo social amplio, sostenido en el tiempo y respaldado por movilizaciones en la calle.