Arrabalde aprueba nuevas ordenanzas para frenar el fraude en el consumo de agua

Los contadores deberán ser visibles desde la calle, las tasas se cobrarán semestralmente, y se establecen multas de hasta 1.500 euros
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Ayto Arrabalde Red
Ayuntamiento de Arrabalde

El Ayuntamiento de Arrabalde ha dado un paso en firme para poner fin al uso fraudulento del agua en el municipio con la aprobación inicial de dos nuevas ordenanzas fiscales, que regulan la tasa por el servicio de abastecimiento de agua potable y la del servicio de alcantarillado. 

Tal y como explica el alcalde, Alejandro Alija, la situación actual resulta insostenible desde el punto de vista económico, pues ya hace años que lo recaudado no cubre los gastos, “y aún no creo que lo consigamos con estas ordenanzas”, lamenta. El problema es que, por un lado, “se pretende que tengamos los mismos servicios o de más calidad, pero con mucha menos población” y, por otro, existe en el pueblo “un uso fraudulento del agua por parte de mucha más gente de la que podamos pensar, que o no tienen contadores o los tienen manipulados, o están dentro de casa, de familias que sólo vienen en verano, y como no podemos ver el consumo, les cobramos el mínimo”, añade el regidor.

De esta forma, el Ayuntamiento ha cogido el toro por los cuernos para solucionar este problema, y la nueva ordenanza de abastecimiento de agua potable –aprobada, de hecho, por unanimidad– exige la renovación de los contadores del pueblo para instalar otros que puedan verse “desde la calle” durante todo el año, de modo que los trabajadores municipales puedan leer el consumo real para girar los recibos de forma semestral. 

“Además, al tener una ordenanza, se puede controlar el cumplimiento y se puede sancionar”, añade Alija, refiriéndose a una normativa que establece infracciones con multas que van desde los 50 euros hasta los 1.500, en función de la gravedad de las mismas. Así, por ejemplo, tendrán consideración de infracciones “muy graves” acciones como tener conexiones a la red sin contador o sin licencia municipal, manipular contadores o desprecintarlos sin autorización.

Aunque la instalación del contador correrá por cuenta del propietario del inmueble, el Ayuntamiento facilitará un albañil y un fontanero a quien lo precise, aunque los costes del trabajo los abonará el dueño de la vivienda o local.

Alejandro Alija recuerda que recientemente el Consistorio ha asumido el coste de numerosas obras relacionadas con el servicio de abastecimiento de agua, como el sondeo para el nuevo pozo, “y recaudamos muy poco”, e insiste en que es un Ayuntamiento no puede funcionar de esta forma: “Queremos servicios pero no queremos pagarlos, y así es imposible”, protesta.

La ordenanza, que se encuentra ahora en fase de exposición pública, establece una tasa de abastecimiento de agua que se cobrará semestralmente, con una cuota fija de 8 euros por el servicio y una cuota variable según el consumo: 0,24 € por metro cúbico para los primeros 150 m³, 0,48 € por los siguientes hasta 200 m³, y 0,72 € por cada metro cúbico adicional. Asimismo, cada nueva licencia o autorización de acometida tendrá un coste único de 150 euros.

Por su parte, la ordenanza de alcantarillado establece una cuota anual de 15 euros por vivienda o local, y un pago único de 100 euros por la concesión de nuevas acometidas a la red municipal. Ambas ordenanzas entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2026, que será su primer año de aplicación.

 

Incremento del IBI

Por otra parte, el Ayuntamiento aprobó una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que incrementa el tipo de gravamen del 0,50 al 0,60 % en bienes urbanos, del 0,40 al 0,50 % en rústicos y mantiene en 1,30 % los de características especiales. 

Desde la Alcaldía se explicó que los resultados presupuestarios de los últimos tres años han sido negativos, generando una situación económica difícil que se busca subsanar, al menos parcialmente, con estas subidas de tasas y del IBI.

Con estas medidas, el Ayuntamiento busca garantizar la sostenibilidad económica de los servicios municipales y reducir el fraude, al tiempo que introduce una subida del IBI y de algunas tasas para afrontar el déficit presupuestario acumulado en los últimos años.

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