Castrocalbón denuncia ante Fiscalía las "graves imprudencias" de la Junta en el incendio que arrasó el municipio

El Ayuntamiento de Castrocalbón remitirá a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado un escrito acompañada de un informe demoledor en el que acusa a la Junta de Castilla y León de haber cometido “graves imprudencias” durante la dirección de la extinción del incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que entre el 10 y el 13 de agosto de 2025 arrasó prácticamente todo el término municipal y dejó a numerosas familias sin su medio de vida.

La presentación de la denuncia, aprobada ayer en pleno extraordinario por mayoría absoluta (6 votos a favor y 1 en contra), se basa en los testimonios de agentes medioambientales que trabajaron en el operativo. Estos profesionales, conocedores del terreno y testigos de los hechos, han dejado constancia escrita de lo sucedido y su disposición a declarar ante la Fiscalía. 

Sus declaraciones, recogidas literalmente en el informe, constituyen el núcleo de la acusación, que sostiene que las decisiones tomadas desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y los Centros Provinciales de Mando de León y Zamora agravaron las consecuencias del fuego. El escrito relata unas “imprudencias” que “de no haberse cometido, las gravísimas consecuencias de este incendio no habrían sido tales”.

Cronología del desastre

El relato arranca en la noche del 10 al 11 de agosto, cuando, tras múltiples dificultades y gracias a los vecinos, se consigue que el frente norte quede perimetrado con dos pasadas de bulldozer a primera hora de la mañana del 11. A partir de ahí, los agentes insisten en que se destinasen medios a vigilar y enfriar ese perímetro ante la previsión de viento fuerte del sur-suroeste. “Durante toda la mañana del día 11 vigilé el perímetro norte del incendio e intenté comunicarme con el PMA para que enviaran medios a vigilar dicho perímetro, ya que se preveían vientos fuertes del sur-suroeste a partir del mediodía”, afirma uno de ellos en el informe. Pero la situación se complica por la ubicación del Puesto de Mando Avanzado en un lugar “sin cobertura”, a más de 14 kilómetros del frente principal, lo que, según el documento, dificultó gravemente la coordinación.

El punto más crítico se produce alrededor del mediodía del 12 de agosto, cuando los medios terrestres y los propios vecinos tienen prácticamente perimetrada la zona, a falta de un tramo de difícil acceso, y consiguen, tras múltiples llamadas, que un helicóptero se una a ellos… El problema surgió cuando “sobre las 12:00h le quedaban unos 20 metros para juntarse con los del pueblo y cerrar el perímetro, pero el helicóptero se tuvo que ir a repostar y pidió otro medio aéreo, que con otras dos o tres descargas aquello quedaba liquidado”, no llegando nunca ese relevo aéreo. Con el viento fuerte del sur-suroeste levantándose alrededor de las 13:00h, ese tramo de apenas 20 metros se reaviva y desata un infierno: “Se reavivó con muchísima fuerza y hubo varias reproducciones entre Felechares y Castrocalbón y al sur de Pinilla”. De ese cierre frustrado nace la “lengua de fuego” que avanza hacia León: “Fue la primera que cruzó el río Eria entre Pobladura y Felechares y a seis kilómetros en línea recta provocó la muerte de dos voluntarios que trabajaban en la extinción del incendio”, relata el informe, acompañado de planos de la situación trazados sobre mapas del SIGPAC.

Una secuencia de peticiones denegadas

El informe detalla toda una secuencia de solicitudes reiteradas que no obtuvieron respuesta efectiva. Primero al PMA, con llamadas infructuosas por falta de cobertura; después al Centro Provincial de Mando de León, donde la respuesta, siempre según el informe, fue que “No está previsto enviar ningún medio a esa zona”. Ante esa negativa, el agente advierte: “No sabéis la que vais a preparar hoy aquí como no enviéis medios, la vais a liar gordísima, hoy se quema aquí lo que no está escrito”. 

Cuando se prometen bulldozers para reforzar el frente de Felechares al caer la tarde, se ordena su regreso a Zamora; de hecho, un maquinista afirma que “ya ha cumplido sus horas” y el bulldozer queda parado sin relevo. Al día siguiente, se envían dos autobombas, pero una “venía sin el manguerista… por lo que tuvieron que hacer de mangueristas algunos vecinos de Pobladura de Yuso y Pinilla de la Valdería”, y además “no le funcionaba la emisora de radio”, un fallo sin resolver “desde hace mucho tiempo” según el propio conductor.

Los testimonios de los agentes describen pueblos quedando sin defensa institucional mientras los vecinos resistían con tractores, mochilas y batefuegos: “Por lo que vi, al menos en los pueblos de Pinilla, Pobladura, Felechares, San Félix y Calzada entró el fuego sin que hubiera ningún medio de extinción para defenderlos, aparte de los vecinos que se negaron a ser evacuados”. La acusación es taxativa: “Los únicos pueblos de la comunidad autónoma de Castilla y León en peligro inminente de quemarse eran estos, por lo que no puede concebirse que no se enviaran medios de extinción a defenderlos”. A la vez, el documento sostiene que “tanto en un sitio como en otro no tenían muy claro dónde se encontraba el frente del incendio en ese momento”, subrayando la desorientación de los mandos.

La tragedia culmina en la LE-125, carretera donde los agentes relatan el hallazgo de uno de los voluntarios fallecidos y el rescate del otro, gravemente herido, en un escenario dantesco sin cobertura y con llamadas encadenadas al 112, al PMA y a la Guardia Civil para conseguir asistencia. El mismo día, el PMA sigue operando desde el emplazamiento sin cobertura pese a la petición expresa de cambiar la ubicación a un punto con mejores comunicaciones. La denuncia recuerda además situaciones de precariedad básica: “En más de 24 horas de trabajo en el incendio no proporcionaron avituallamiento”, y las coordinaciones con Cruz Roja para comida y alojamiento de personal en extinción que, según el documento, no obtuvieron respuesta “ni afirmativa ni negativa”.

Unas dimensiones jamás vistas

El Ayuntamiento sostiene en el escrito a Fiscalía que la concatenación de imprudencias –la ubicación del PMA sin cobertura durante varias jornadas y muy alejada del frente del fuego, la negativa a enviar medios cuando se solicitaban, el cierre frustrado de esos 20 metros por la ausencia de relevo aéreo, el desvío o retirada de bulldozers, y la falta de refuerzo en los pueblos en peligro— explica que el incendio alcanzara una magnitud catastrófica. “Se cometieron muchas imprudencias que hicieron que este incendio alcanzara unas dimensiones jamás vistas en la historia de los incendios de España y que nunca tendría que haber llegado a alcanzar”, se lee en el escrito. 

El balance local, ya conocido por todos, es demoledor: viviendas, inmuebles, ganado y maquinaria calcinados, montes y campos arrasados y familias perdiendo su medio de vida, Juntas Vecinales sin sus principales fuentes de ingresos (caza, madera, leña, pastos y aprovechamientos micológicos)... Y hasta dos fallecidos en los municipios colindantes. Una situación que, tal y como insiste la denuncia, se podría haber evitado.
Más allá de los hechos, cabe destacar que éste es uno de los primeros casos en que un pequeño ayuntamiento remite formalmente a la Fiscalía General del Estado una denuncia por imprudencias en la gestión autonómica de un incendio forestal, con relato técnico firmado por agentes del operativo, y con el apoyo de seis concejales y un solo voto en contra. “Lo que queremos es depurar responsabilidades si las hubiera, y poner en conocimiento de Fiscalía unos hechos, porque a nuestro entender hubo falta de medios, falta de coordinación y sobre todo, falta de prevención”, manifestó tras el pleno el alcalde, Luis Cenador, quien añadió que “la misma Consejería reconoce esa falta de prevención al presentar ahora los Presupuestos para el año 2026, en los que refuerza todo el operativo, con brigadas públicas forestales y activas todo el año, que es todo lo contrario a lo que tuvimos este verano”.

Ahora, queda esperar la decisión de Fiscalía ante el escrito que remitirá uno de los ayuntamientos más castigados por la oleada de incendios forestales que arrasó los pueblos el pasado agosto.