El sector agrario de Castilla y León contará en 2026 con los mayores recursos públicos de los últimos quince años. El proyecto de presupuestos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural alcanza los 673 millones de euros, un 12 % más que el ejercicio anterior, a los que se suman los fondos procedentes de la Política Agraria Común (PAC), cifrados en 925 millones.
En total, el campo gestionará casi 1.600 millones, un volumen que sitúa estas cuentas como las terceras más elevadas de la Junta, solo por detrás de Sanidad y Educación.
La consejera del ramo, María González Corral, defendió ayer en las Cortes que se trata de unas cuentas “que miran al futuro” y que buscan reforzar la competitividad de un sector que aporta el 5,8 % al Valor Añadido Bruto regional, más del doble que la media nacional.
Sin embargo, más allá del discurso político, el proyecto presupuestario confirma una tendencia: la concentración del gasto en tres ejes principales —infraestructuras rurales, relevo generacional e industria agroalimentaria— y la continuidad de programas ya en marcha con algunas novedades de calado.
Uno de los pilares del presupuesto será la inversión en infraestructuras rurales y modernización de regadíos, que absorberán 115 millones de euros. La Junta prevé actuaciones en 279.000 hectáreas de concentración parcelaria y en más de 100.000 de infraestructuras rurales, además de continuar la modernización de 25.000 hectáreas y la transformación de otras 1.000.
La Consejería mantiene su compromiso con la instalación de energía solar en las zonas de riego, con la meta de alcanzar 92.000 hectáreas dotadas de energía fotovoltaica antes de que termine la legislatura. También destina 11 millones a la mejora de caminos rurales y 3,3 millones a un plan de balsas para abastecer a la ganadería extensiva.
El segundo gran bloque de gasto se centra en el relevo generacional. Se destinan 31,9 millones para la incorporación de jóvenes agricultores —un 18 % más que en 2025— y 43,7 millones para la modernización de explotaciones, con un aumento del 39 %. El presupuesto incluye asimismo 2,9 millones para ayudas a la sucesión de explotaciones y 1,5 millones para apoyar a la mujer rural, en un intento de dar continuidad a las convocatorias que, según la Consejería, han permitido ya la incorporación de 1.282 jóvenes al sector desde el inicio de la legislatura.
El plan de enseñanza agraria, dotado con 16,9 millones, incluye inversiones en los ocho centros de formación profesional agraria de la Comunidad. En paralelo, se refuerzan las líneas de investigación e innovación, con 19,6 millones, y se impulsa la digitalización del sector con el desarrollo del Cuaderno de Explotación Digital, de uso voluntario, y el Registro de Explotaciones Agrarias, herramientas que buscan simplificar la tramitación de ayudas.
La producción agrícola y ganadera contará con 100,7 millones. Una parte importante, 18 millones, se destina a campañas de saneamiento, vacunas y medidas preventivas frente a enfermedades como la Lengua Azul o la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica. También se incluyen dos millones para apoyar a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, 16 millones para la contratación del seguro agrario, y partidas menores para razas autóctonas, apicultura, cebaderos y pequeñas instalaciones ganaderas.
Entre las principales novedades figuran el nuevo Plan del Ovino-Caprino, con una dotación adicional de 10 millones, y el Plan de Ganadería Extensiva, que contará con 9,5 millones más. Ambos programas buscan promover modelos de explotación basados en la innovación y la sostenibilidad, apoyar el relevo generacional y priorizar a las explotaciones que mantengan manejo extensivo.
En cuanto al desarrollo de la industria agroalimentaria, se destinarán 66,2 millones, un 11 % más que el año anterior, dentro del Plan de la Industria Agroalimentaria 2024-2028, que prevé movilizar 221 millones en cuatro años. Además, el Plan Estratégico del Cooperativismo contará con 2,1 millones para favorecer el dimensionamiento y la transformación de las cooperativas.
En materia de promoción, la Consejería invertirá más de 10 millones en la proyección de las figuras de calidad y la marca Tierra de Sabor, que mantiene su apuesta por la asistencia gratuita a ferias nacionales y su colaboración con la Real Federación Española de Fútbol.
Los Grupos de Acción Local recibirán 26,7 millones para apoyar el emprendimiento rural y el desarrollo territorial, un instrumento que la Junta considera esencial para fijar población, aunque los resultados en materia de repoblación siguen siendo desiguales según las zonas.
El presupuesto se apoya de forma determinante en los fondos europeos. Las principales líneas de ayuda de la PAC suman más de 800 millones en pagos básicos, complementarios y ecorregímenes; 148 millones en ayudas asociadas —entre ellas las destinadas al vacuno, al ovino-caprino y a los cultivos proteicos— y casi 88 millones en medidas agroambientales y de agricultura ecológica.
La Consejería insiste en que estas ayudas representan entre el 20 y el 30 % de las rentas de los agricultores y ganaderos, y asegura haber adelantado ya 590 millones en pagos desde el 16 de octubre.
A modo de balance, el Gobierno autonómico destaca que la industria agroalimentaria representa el 36 % del negocio manufacturero y, junto al sector agrario, supera el 10 % del PIB regional. Las exportaciones han crecido un 64 % desde 2018, pero los problemas estructurales del campo —falta de rentabilidad, costes de producción, relevo generacional insuficiente y exceso de burocracia— siguen condicionando la viabilidad de muchas explotaciones.
En su intervención, González Corral repasó también los compromisos “cumplidos” del Ejecutivo: la convocatoria récord de ayudas a la modernización (100 millones), las inversiones en regadíos (350 millones en la legislatura) o la digitalización con el programa Extensión Agraria Digital, que ha formado a más de un millar de profesionales.
Aun así, el presupuesto llega en un contexto de incertidumbre. La sequía, el impacto de las enfermedades ganaderas y el encarecimiento de insumos han marcado los últimos ejercicios, lo que convierte en desafío real que los fondos anunciados se traduzcan en una mejora efectiva de la renta agraria y en la estabilidad de un sector clave para el medio rural.
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