La Antigua rechaza por unanimidad la aplicación del “tasazo” de la Ley de Residuos

El pleno del Ayuntamiento de La Antigua aprobó este miércoles, por unanimidad, una moción contraria a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, conocida popularmente como el “tasazo”, por impedir que se puedan bonificar o compensar el coste del recibo de basuras a las viviendas del municipio.

Según explicó el alcalde, Javier Alonso, el problema es que esta ley, de aplicación nacional, obliga a que el 100% del coste de la recogida y tratamiento de basuras se cubra mediante la tasa que deben abonar los vecinos, algo que supone “una intromisión en la capacidad de decisión que tenemos los Ayuntamientos”. 

La moción aprobada ayer defiende la autonomía municipal para que sigan siendo los Ayuntamientos los que decidan “si quieren ayudar a los vecinos a pagar este recibo para que no les salga tan caro”, subraya Alonso.

En el término municipal de La Antigua –que abarca este pueblo, además de Audanzas del Valle, Cazanuecos, Grajal de Ribera y Ribera de la Polvorosa–, el Ayuntamiento venía abonando algo más del 20% de la basura directamente a la Mancomunidad del Páramo, a la que pertenece, para abaratar el coste final que pagaban los vecinos. De esta forma, una casa venía pagando, de media, 70,70€ al año, “y con la aplicación de esta ley, va a pasar a 102,76€”, denuncia Alonso. Sería, por tanto, una subida de más del 45% respecto a los precios habituales.

Pero es que, además, tal y como explica el alcalde, este cambio “nos va a generar más burocracia, con la falta de personal que tenemos en estos pueblos pequeños, y más costes, que al final nos obligan a subir los impuestos para asumirlos, y eso es justo lo que yo no quiero”.

El texto de la moción, presentada por el grupo municipal del PP, argumenta que “por primera vez en la historia de la democracia española, un tributo local de carácter potestativo pasa a ser obligatorio por imposición estatal, vulnerando los principios de autonomía local (art. 140 CE), suficiencia financiera (art. 142 CE) y justicia tributaria (art. 31 CE). El resultado práctico es que millones de familias y pequeños negocios [en toda España] verán incrementado su recibo de basuras de forma significativa, sin que los ayuntamientos puedan mitigar ese impacto mediante fondos propios, bonificaciones o tarifas sociales”. En definitiva, en palabras de Alonso, “nos coartan la libertad de decidir a los ayuntamientos”.

Por esta razón, la totalidad de los concejales aprobaron la moción por la que se insta al Gobierno a derogar la “obligatoriedad” impuesta por la citada ley de establecer una tasa que repercuta el 100% del coste de la gestión de residuos a los vecinos, así como solicitar que se reforme dicha normativa para garantizar el respeto a la autonomía y potestad tributaria local, entre otras reformas.

En paralelo, se solicita la creación de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, cofinanciado con fondos de la UE, para mejorar los sistemas locales de recogida y tratamiento de residuos “sin trasladar todo el coste al ciudadano”.