La situación en muchos municipios afectados por los incendios recientes demuestra un hecho preocupante: quienes deciden desde los despachos lo hacen totalmente alejados de la realidad rural, del funcionamiento del día a día de los pueblos.
El caso de Castrocalbón, con solo dos empleados municipales, lo evidencia. El alcalde, Luis Cenador, denuncia que la carga de trabajo que la Junta ha delegado sobre los consistorios es desproporcionada, y no es un caso aislado: hay incluso ayuntamientos que no tienen ni un trabajador propio y deben compartir secretario con otro municipio.
Que se encomienden tareas complejas —tramitar solicitudes, recabar documentación, repartir fondos y justificar inversiones ante Industria— a municipios con recursos mínimos es absurdo. Pero lo más surrealista llega con algunas ayudas donde los alcaldes deben certificar quién estaba o no en el pueblo, como si tuvieran ojos en todas partes o fueran vigilantes de quién se encontraba de paso o de veraneo. A quienes ya sufrieron los incendios, se les carga así con una burocracia imposible que parece un castigo añadido.
Es urgente que los responsables políticos de las altas esferas bajen de vez en cuando de sus despachos, recorran los pueblos, hablen con alcaldes y vecinos, y conozcan de primera mano los recursos de los que disponen y las dificultades reales que enfrentan todo el año, no sólo cuando los "iluminan" las llamas. Solo así se podrán diseñar ayudas efectivas y justas, sin imponer cargas imposibles a los consistorios ni agravar la situación de quienes más han sufrido.
Los pueblos no pueden convertirse en oficinas de tramitación improvisadas ni en víctimas de una burocracia que ignora su tamaño y sus limitaciones. Sin pisar los pueblos, se corre el riesgo de pisotearlos, y convertir toda política de reconstrucción en un castigo disfrazado de ayuda.
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