El sector agrario de Castilla y León cierra 2024 con mejores producciones, pero precios insostenibles

La alianza UPA COAG hace balance de un año cuyo final viene marcado por la preocupación por el acuerdo de la UE y Mercosur
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En la comunidad trabajan actualmente unos 65.000 profesionales agrarios

El 2024 ha sido un año de claroscuros para el sector agrario de Castilla y León, tal y como se desprende del balance publicado por la alianza UPA-COAG. Si bien las producciones agrícolas han experimentado una notable mejora respecto a los dos últimos ejercicios, los precios percibidos por los agricultores continúan sin cubrir los elevados costes de producción. En paralelo, el sector ganadero ha disfrutado de precios más favorables, aunque enfrenta problemas como enfermedades y fauna salvaje. Además, el reciente acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur genera incertidumbre entre los productores, preocupados por la competencia desleal y la falta de equidad en normativas de producción.

Gracias a una meteorología más benévola que en los años anteriores, las producciones agrícolas en 2024 han alcanzado la media de la última década, superando ampliamente los resultados de 2022 y 2023, calificados por UPA-COAG como desastrosos. Cultivos como el trigo, la cebada, el centeno y la avena han registrado rendimientos generalizados positivos, al igual que las oleaginosas y leguminosas. Sin embargo, esta mejora cuantitativa no se ha traducido en un beneficio económico real para los agricultores.

 

Como hace 30 años

Los precios de los productos agrícolas han permanecido en niveles similares a los de hace tres décadas, algo inusual en otros sectores productivos de la economía española, subrayan desde la organización agraria.

Esto ha colocado a muchos productores en una situación límite, incapaces de cubrir siquiera los altísimos costes de producción. “Es una situación escandalosa que no puede seguir así”, señalan desde la Alianza UPA-COAG, que ha liderado varias protestas en unión con Asaja para exigir medidas inmediatas a las administraciones.

La Alianza UPA-COAG insiste en la necesidad de una Ley de la Cadena Alimentaria más efectiva. Aunque esta normativa establece un registro de contratos y sanciones, los agricultores consideran que no se está aplicando con la contundencia necesaria. Consideran fundamental que la ley se convierta en una herramienta fiable para resolver el problema de los precios agrarios y proteger al sector.

 

Sector ganadero: buenos precios, pero con retos persistentes

En contraste, el sector ganadero de Castilla y León ha tenido un año más positivo en cuanto a precios, pese a que los altos costes de producción siguen siendo un problema recurrente. Este alivio parcial en los ingresos no ha evitado que los ganaderos se enfrenten a otras dificultades graves, como las enfermedades de la lengua azul y la hemorrágica epizoótica (EHE). 

La presencia de fauna salvaje también ha representado un obstáculo importante, con daños en cultivos y un aumento en los accidentes de tráfico relacionados. En especial, UPA-COAG destaca el caso de los lobos, con crecimiento en el número de manadas, según el censo dado a conocer recientemente por la Junta, que cifra el aumento en un 8%. 

Este incremento ha generado tensiones entre ganaderos y administraciones, quienes buscan equilibrar la protección de la especie con la seguridad y viabilidad del sector ganadero.

 

La amenaza del acuerdo UE-Mercosur

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Imagen de la reciente protesta contra el acuerdo de la UE y Mercosur, en Madrid

Respecto al reciente acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que se ha convertido en la principal preocupación del sector agrario a finales de año, UPA-COAG exige que los países de Mercosur cumplan las mismas normativas que se imponen a los productores europeos en cuestiones de bienestar animal, uso de medicamentos, clima, tratamientos químicos y regulaciones medioambientales. 

Dado que el acuerdo está pendiente de ratificarse por parte del Parlamento Europeo, los representantes agrarios reclama "desde ya mismo que, durante estos trámites, nuestras demandas sean escuchadas y tenidas en cuenta". "No aceptaremos un acuerdo con Mercosur que haga la vista gorda ante las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos sobre la divergencia de las normas de producción", advierten, al tiempo que insisten en que las normas deben ser iguales para todos.

 

Incremento en los fondos PAC: una nota positiva

En el lado positivo, Castilla y León ha sido la comunidad autónoma que más ha incrementado los fondos recibidos de la Política Agraria Común (PAC) en el primer año de aplicación del PEPAC 2023-2027. En total, la comunidad recibió 979,5 millones de euros en 2024, un 7% más que en 2023. Los fondos se distribuyeron en diferentes partidas, destacando los 450,5 millones destinados a la Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y los 241,3 millones para programas relacionados con el clima, el medio ambiente y el bienestar animal.

Estos fondos reflejan la importancia estratégica del sector agrario para Castilla y León, que representa el 11% del valor añadido bruto regional y el 12% del empleo. En total, la comunidad cuenta con 65.000 profesionales agrarios. Sin embargo, estas cifras macroeconómicas no se traducen en una mejora directa para las explotaciones familiares, que continúan enfrentando retos significativos, explican desde UPA-COAG.

 

Retos para 2025

La Alianza UPA-COAG ha establecido una serie de prioridades para el próximo año, que incluyen precios justos, actuaciones contra el fraude y más financiación. 

La organización agraria confía en que, tras restablecer el diálogo con la Junta, con el cambio de equipo en la Consejería de Agricultura, suceda lo mismo a nivel estatal, con el Ministerio de Medio Ambiente, Transición Ecológica y Reto Demográfico, al que reclaman, además, un fortalecimiento de las políticas contra la despoblación.

A pesar de las dificultades, Castilla y León sigue destacando como una líder en el panorama agrario español. La Alianza UPA-COAG confía en que 2025 sea un año de avances significativos para garantizar la viabilidad y competitividad de las explotaciones familiares agrarias, pilar fundamental de la economía y el empleo en la comunidad.

 

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